sábado, 10 de marzo de 2007

El presidente Leonel Fernández no cumplirá sentencia que impuso la Corte Interamericana


SAN JUAN, Puerto Rico.-El presidente dominicano Leonel Fernández no tiene intención de cumplir la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005 de que le otorgue la nacionalidad de su país a los hijos de inmigrantes haitianos que viven en la frontera.
Ello, según argumentó el político, debido a que la Constitución de la República Dominicana ya establece las tres circunstancias en las que una persona puede adquirir esa ciudadanía.
"La Constitución de la República Dominicana establece que la ciudadanía se puede dar a través del vínculo sanguíneo o territorial, y en el ámbito territorial, siempre y cuando los padres de la criatura sean residentes legales en el país", dijo el viernes durante su visita al gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá.
"Por consiguiente, los transeúntes, los que tienen cargos diplomáticos, los que no tienen residencia legal en la República Dominicana, si nacen esos niños, no tienen la nacionalidad dominicana", agregó.
Sin embargo, para Hilda Guerrero, portavoz del Comité Pro Niñez Dominico-Haitiana, Fernández está utilizando subterfugios legales para violar un mandato internacional que le fue impuesto el 8 de septiembre del 2005 y que obliga al gobierno dominicano a reconocer y otorgar la ciudadanía a esos niños.
Según Guerrero, el gobierno incluso apeló esa sentencia y falló, por lo que el presidente dominicano hace una interpretación a su conveniencia de lo que establece la constitución de ese país caribeño.
"El está violando la Constitución dominicana, porque la Constitución indica, en el artículo dos, que toda persona que nace en territorio dominicano es dominicana, excepto hijos de funcionarios diplomáticos y personas que estén en tránsito", señaló Guerrero en entrevista con la AP.
"Esos niños y niñas por los que se emitió esa sentencia son nacidos en República Dominicana de tercera y cuarta generación. Yo pregunto si una persona que lleva sesenta años viviendo en un país está en tránsito", cuestionó Guerrero, durante una protesta frente a un hotel de San Juan, donde el presidente dominicano participó en un encuentro con empresarios boricuas.
Fernández catalogó la delicada controversia como "un problema de interpretación de la Constitución dominicana". El caso atendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se prolongó ocho años.
El presidente dominicano se encuentra de visita en la isla hasta el sábado por invitación de la Asociación de Industriales para participar en un foro sobre economía, y aprovechó el viaje para sostener un breve encuentro con Acevedo Vilá.
Se estima que en la frontera entre República Dominicana y Haití viven entre 500.000 y un millón de personas, en su mayoría haitianas, que cruzaron la frontera para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y viven sin acceso a agua potable y energía eléctrica, así como servicios de salud y educación.
La organización Human Rights Watch ha dicho que hasta un 6% de las personas que viven en esa frontera estaría contaminado con el virus de VIH-sida.Agencias

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